18.10.06

OPAs a la española

Las tomas de control buscan obtener la administración de la empresa objetivo, cuando la oferente considera que podrá administrarla mejor. Cuando la toma de control es hostil opera como un mecanismo privado de supervisión de la administración de las firmas la oferente quiere reemplazarlos porque considera que se puede mejorar el desempeño. Este asunto privado es regulado de forma poco eficiente por la normativa de oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria, que en Latinoamérica suele basarse en el modelo español.

Fuera de la discusión sobre la pertinencia de la obligatoriedad de las OPA, el tratamiento de la oferta de E-on sobre Endesa es preocupante. Pese a que E-on ha cumplido con lanzar una contraoferta que mejora largamente la de Gas Natural, la CNE española ha impuesto una serie de condiciones para la firma alemana. La Corte Europea ha determinado que 18 de las 19 condiciones no eran lícitas y aún así la CNE las mantiene, por lo que pronto se iniciaría un procedimiento contra el gobierno español. Este gobierno aprobó una Ley que facultaba a la CNE a aprobar las adquisiciones de más del 10% en sectores estratégicos, como el energético.

Además de las dificultades que plantea la CNE, E-on ahora debe lidiar con Acciona, que actúa como un white squire. De acuerdo al Financial Times, Acciona adquirió el 10% de Endesa. Además ha declarado que quiere aumentar su participación hasta llegar al 24,9%, apenas debajo del umbral para tener que lanzar una OPA. E-on ha demandado a Acciona ante las cortes de los Estados Unidos por dar a la SEC información confusa respecto a su adquisición.

El gobierno español ha señalado su "interés estratégico" en la formación de una "fuerte compañía global española". De acuerdo a Thomson Datastream el mercado energético español tiene entre sus principales participantes a Endesa (valor de mercado de 44 mil millones de euros), Iberdrola (33.650), Gas Natural (13.46) y Unión Fenosa (12.470). En el 2002, el gobierno español se opuso a la fusión entre Endesa e Iberdrola, que les habría dado la deseada gran empresa española.

Hay tres grandes problemas en este caso. El primero es que el gobierno español debería estar más interesado en la calidad del servicio que reciben los españoles que en quién lo administra. Si E-on podría manejar de mejor manera el mercado en el que ahora opera Endesa, y además está pagando por esa cuota, debería ser quien lo controle.

El segundo es que la conducta de Acciona y de la CNE están afectando las condiciones en las cuales se daría la toma de control. Si los accionistas quieren transferir sus acciones deben ser libres de hacerlo. Las tomas de control no deben ser necesariamente caras, sino que deben reflejar un precio en el cual los accionistas se sientan satisfechos con la venta de sus títulos. Inflar el valor de la transacción puede desincentivar la toma de control, y limita la capacidad del mercado de tomas de control de supervisar la labor de los directivos de las empresas objeto.

El tercero, y más grave, es la constatación de la falta de criterios claros dentro de la UE respecto a las fusiones y adquisiciones. En la novela Mittal-Arcelor y en los bloqueos contra Gazprom por parte del gobierno británico aún quedaba la pobre excusa de que las oferentes no eran comunitarias, pero en el caso de Endesa y el de los bancos italianos, que iban a ser adquiridos por unos bancos polacos, la promesa del mercado común deviene en vacía.

Fuera de las dudas que esto deja sobre la efectividad del mercado común, los accionistas de Endesa están perdiendo la capacidad de supervisar a sus directivos a través de la toma de control, pese a que el 28 de setiembre pasado el Wall Street Journal informaba que la junta directiva de Endesa recomendaría aceptar la oferta de E-on. Otro aspecto lamentable es que los consumidores españoles seguirán sujetos sólo a lo que ofrezca el mercado español. El gobierno español está protegiendo el sueño francés de los grandes líderes regionales, perjudicando a sus ciudadanos.