A menudo, los gobiernos intentan ayudar a ciertos sectores de la economía a través de la banca de fomento.
Cuando la banca de fomento se encuentra en manos del Estado, sufre por definición de las taras que se critica en la actividad empresarial del Estado. Jorge Fernández-Baca,[1] cita, a favor de la actividad privada y en contra de la actividad estatal: i) Mejor adquisición de información sobre las necesidades del mercado, ii) Mayor coherencia entre los objetivos de la empresa y iii) Mejor adquisición de información sobre el desempeño gerencial. En claro: la dirección de las empresas privadas está sujeta a la presión de los propietarios y a la disciplina del mercado (ya sea de empresas competidoras o de direcciones competidoras –a través de las tomas de control-), y es menos propensa a ser afectada por intereses políticos. En el caso de las empresas estatales, se da todo lo contrario.
En Perú, el deprimido sector agrario está sujeto a riesgos particulares. Carolina Trivelli et al. indican cómo el riesgo en el sector agrícola es muy grande, señalando que hasta un 8% de los agricultores ha sido víctimas de los llamados eventos imprevisibles –es decir, que no son problemas de gestión.[2] Esto llama la atención sobre la necesidad de seguros contra estos eventos o de la estructuración de bonos de protección contra desastres naturales.[3]
Los bancos se resisten a otorgar créditos a empresas agrícolas porque los costos de monitoreo son mayores, ya que es una actividad particularmente riesgoso, con un índice de morosidad del 19% y que en el Perú tiene poca tecnificación e ínfimos márgenes de ganancia. Esto implica que hay mejores destinos para el capital de los bancos. Según la estadística presentada por Trivelli et al., los bancos, a diciembre de 2002, concentran el 86,8% del crédito agropecuario, pero sólo atienden al 13,7% de los clientes de créditos agropecuarios.[4] La gran parte del público es atendida por las micro financieras, como son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y las Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa, con tasas pasivas elevadas (intereses por los créditos) y con una mejor especialización en el sector.
Ante ello, el gobierno peruano decidió, en diciembre de 2001, fundar el Banco Agropecuario, el cual opera desde mediados de 2002. Ha colocado cerca de 37 millones de dólares de forma directa y unos 8 millones como banco de segundo piso, a favor de las micro financieras. La pregunta que debe hacerse sobre ello es si el Banco Agropecuario responde al rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, normado en el artículo 60º de la Constitución Política del Perú. De acuerdo a la información que presentan Trivelli et al., el problema no es que falte quién provea créditos, sino que los solicitantes del crédito agrícola no son atractivos para la banca privada. Y en cualquier caso, las micro financieras otorgan créditos a este sector, cargando un mayor interés por ellos, toda vez que dicha actividad es más riesgosa.
El Estado parece sentir que esta es una falla del mercado e interviene de forma inconstitucional. Debe tenerse en cuenta que el problema de la agricultura en el Perú es más bien la falta de tecnificación y de capacidad empresarial. Los extensos cultivos de arroz que hay en la costa, y de papa en la sierra, generan exiguos márgenes de ganancia, a diferencia de los exitosos pero reducidos cultivos de alcachofa, lúcuma, páprika, palta, palmito, etc. La poca tecnificación ocasiona baja productividad y una pobre respuesta a los eventos imprevisibles. Añadamos a esto lo que Hernando de Soto viene señalando hace tiempo: el problema de la informalidad en la propiedad de la tierra es que restringe el acceso al crédito pues no puede ofrecerse la propiedad como garantía.[5]
En resumen: el sector agrícola no obtiene créditos con facilidad porque no es buen sujeto de crédito. Si ello justifica la creación de un banco estatal de fomento, ¿por qué no tener un Banco Pesquero, un Banco Eléctrico, o para otros sectores?
Lo que es peor, este nuevo Banco Agropecuario viene dando créditos a "bajas tasas de interés", las cuales no están ajustadas al riesgo propio de la actividad. Esto sería evidencia de que el análisis de riesgos es distinto al del resto del sistema financiero, lo que no es consecuente con los objetivos de aumentar el crédito agrícola a través de decisiones eficientes y que tiendan a su consolidación y expansión. Parece una decisión sólo política. Y no sólo eso: tenemos el ejemplo del caótico Banco Agrario –que cerró en 1992-, que hoy continúa en liquidación y tiene un patrimonio negativo de casi 40 millones de dólares. No se trata de ser pesimistas. La intervención estatal a través del crédito no podrá monitorear en qué se gasta ese dinero. Si no hay un sector agrícola capaz de generar rentas suficientes para pagar esos créditos, sería más honesto subsidiar la actividad agrícola –aunque también sería muy criticable-, y no distorsionar el equilibrio del sistema financiero. Por ejemplo, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito han perdido el Fondo Revolvente de Apoyo al Sector Agrario, una fuente de fondeo que ha sido trasladado al Banco Agropecuario. Este parece destinado a no solucionar el problema que llevó a su creación y tampoco ha podido captar recursos de entidades de segundo piso pues antes se espera evidencia de que su gestión sea adecuada. Por lo pronto, quedan serias dudas sobre su futuro.
[1] FERNÁNDEZ-BACA, Jorge, "Tres preguntas básicas sobre privatización y regulación", en "Experiencias de regulación en el Perú", Jorge Fernández-Baca, editor, Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2004.
[2] TRIVELLI, Carolina; MORALES SARAVIA, Rosa; GALARZA, Francisco; y AGUILAR ANDIA, Giovanna, "La oferta financiera rural en el Perú: elementos para una agenda de trabajo", Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2004
[3] FREEMAN, Paul; MARTIN, Leslie; LINNEROOTH-BAYER, Joanne; WARNER, Koko; y PFLUG, George; "Gestión de Riesgo de Desastres Naturales", informe preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo.
[4] TRIVELLI et. al., "La oferta financiera rural en el Perú: elementos para una agenda de trabajo".
[5] DE SOTO, Hernando, "El Misterio del Capital", Lima: El Comercio, 2000.
