Sabemos de la importancia que tienen el acervo cultural de una nación, pero los casos que criticamos son los de restricciones poco razonables. Nadie propondría que se derruya una parroquia con gran significado cultural, la sede del Congreso o vestigios arqueológicos. Pero en el distrito de Barranco se protegen ciertas casonas por el mero hecho de ser muestras de la arquitectura urbana de años pasados, dejando a sus propietarios sin la posibilidad de ejercer sus derechos de propiedad, arrendando el bien o transfiriéndolo para mejores usos. El punto es que no toda edificación "antigua" merece protección, y el poco cuidado que se tiene en delimitar cuáles deben ser preservadas afecta a muchos propietarios que se ven condenados a tener edificaciones que pierden valor y predios con alto potencial que no puede ser realizado.
Las dificultades que tiene la tasación de bienes culturales complican los análisis de costo-beneficio, pero nos parece que se está sobreestimando de forma peligrosa el valor intrínseco de lo cultural. El desarrollo económico genera cultura, a través del progreso de la población. No aprovechar muchos de estos predios y edificaciones que están protegidos conculca la propiedad y crea graves ineficiencias en la asignación de los recursos. Además, sería una grata sorpresa que los gobiernos brindaran a la propiedad la misma intangibilidad cuando expropia. El doble discurso aumenta el daño: el gobierno impide disponer de la propiedad, pero a su voluntad puede también obligar a la disposición.
2.
La actividad minera genera inherentemente contaminación. Lo sabemos en el Perú y en Chile, dos países con gran producción minera. Lo que no terminan de comprender los ambientalistas es que siempre habrá contaminación, y que la discusión debe pasar por implementar medidas razonables para reducirla y un marco institucional y normativo suficiente para supervisar la actividad minera. La alternativa para no contaminar es la cesación de toda actividad minera. Dudo que la sociedad estaría mejor sin plomo, cobre o zinc.
El debate tendría que centrarse en encontrar un equilibrio, una cantidad de contaminación permitida dada la producción obtenida. No nos parece razonable el acento que los ambientalistas ponen en la contaminación como hecho aislado, olvidando los beneficios que se obtienen de esa contaminación. Muchos de esos minerales son además utilizados en tareas científicas que aportan a los estudios de las ciencias naturales y preservan otros hábitats. Lo peor es que en muchos casos los ambientalistas sólo actúan de forma tan enconada para justificar su salario o la existencia de la institución en la que trabajan, sin que sus preocupaciones sean esfuerzos serios por mejorar la situación de la región.
Hay muchos casos en los cuales el gobierno no fiscalizó de forma adecuada el cumplimiento de las normas relativas a la protección del medio ambiente y a la reducción del impacto de la explotación minera sobre el entorno. Entonces, el problema no es si se contamina o no: deben fijarse metas de permisividad de contaminación y supervisar su cumplimiento.
Conclusión
Los debates públicos deben evitar centrarse en sólo alguna de las variables y más bien ver los problemas de forma integral. La economía se vale de aislar variables para entender los efectos, pero la respuesta nunca es aislada: en una segunda etapa de razonamiento debe analizarse las variables como conjunto, para no sobre simplificar la realidad.
Las restricciones sobre la propiedad imponen altos costos de oportunidad a la sociedad, generando ineficiencias asignativas. Las restricciones sobre la actividad contaminante supondrían pérdidas para la sociedad en cuanto al mejor aprovechamiento de los recursos. No debemos perder de vista qué efectos tienen las soluciones que proponemos.
Para ello, el análisis económico es una valiosa herramienta para la toma de decisiones. Es sintomático que sus mayores críticos sean quienes buscan mayor intervencionismo y mayor discrecionalidad en la toma de decisiones públicas.
