Un par de recientes decisiones del Tribunal Constitucional chileno se han hecho cargo de un problema severo que aflige (¿afligía?) a la regulación económica. El problema era los cambios de regulación -por ley o reglamentaciones- y cómo éstos pueden afectar contratos válidamente celebrados.
A propósito de dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 3° transitorio de la Ley 19940 -"Ley Corta I"- y presentados por empresas eléctricas, el TC emitió una relevante decisión que resolvió un tópico que rondó la cabeza de quienes participamos en la preparación de esa ley, que incluyó la declaración por ley de una actividad económica -la transmisión troncal y subtransmisión de electricidad- como servicio público y el sometimiento de esas actividades a nuevas regulaciones, que entre otros, impusieron una regulación sobre precios y desarrollo de la actividad.
En su sentencia (STC roles 505 y 506), el TC incluso se atreve a inmiscuirse en las expropiaciones regulatorias, regulación vs. limitación del dominio, servicio público y actividades de utilida pública, etc.
En términos sencillos, el Tribunal responde la pregunta si puede alterarse un contrato que tenía una vigencia de 20 años, en especial, en lo que atañe al precio pactado.
Altamente recomendable (y que comentaremos en clase)
