En mis manos tengo un pequeño ejemplar de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, de la República Bolivariana de Venezuela. La ley fue dictada en 1999, ya bajo la presidencia de Hugo Chávez.
El texto es de un formato pequeño, y se parecía en tamaño al "Libro Rojo" del Camarada Mao, salvo que este es blanco y verde. En su época -2002- me llamó mucho la atención y tengo vagos recuerdos de los funcionarios venezolanos que me la entregaron como obsequio. Era sin duda un formato "pocket", pero como para el bolsillo superior de una chaqueta. Si, ese en que a lo más cabe el celular o los anteojos.
Y por lo mismo, sirve para mostrarse en el aula.
Años atrás incluso cité la en un artículo sobre confiabilidad de sistemas eléctricos. Lo poco que recuerdo era que era un buen texto, con algunas semejanzas a la Ley del Sector Eléctrico de España (Ley 54/1997).
Hace poco más de un año recuerdo haber escuchado a un abogado venezolano quejarse lastimosamente de la realidad del sector eléctrico en su país. Básicamente, nos contaba, el texto era "letra muerta" y la realidad era otra. De una creciente desconfianza hacia el sector privado...
Y por estos días se lee que el Presidente Chávez ha decidido nacionalizar las empresas eléctricas y de telecomunicaciones.
"Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción," dijo Chávez en el juramento de sus 27 ministros y el vicepresidente de la República, para el sexenio 2007-2013. (En la misma ocasión, anunció: "socialismo o muerte, lo juro").
Ya lo había anunciado para la principal operadora de telecomunicaciones, CANTV, parcialmente en manos de Verizon. Así, se privatizarían todas las distribuidoras (como ELECDA, de Caracas) y las generadoras.
Más allá de las posibles consecuencias de la medida anunciada, si volvemos al texto de la ley venezolana (¿o será bolvariana-venezolana?) expresa que
Artículo 3. El estado promoverá la competencia en aquellas actividades del servicio eléctrico dentro de las que sea pertinente, regulará aquellas situaciones de monopolio donde la libre competencia no garantice la prestación eficiente en términos económicos y fomentará la participación privada en el ejercicio de las actividades que constituyen el servicio eléctrico.
Por su parte, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la R.B.V. contempla que uno de sus objetivos es "procurar condiciones de competencia entre los operadores de servicios".
Para que haya competencia, debe haber propiedad privada. Si hay un "mono-operador", no hay competencia.
Conclusión: Era cierto: La ley es letra muerta.
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