El
Diario Financiero trae hoy una muy buena entrevista a
Eduardo Engel sobre los cambios que se propondrán sobre concesiones de obras públicas.
De interés, lo siguiente:
En una evaluación que hicimos de la experiencia chilena con concesiones, junto a Ronald Fischer y Alexander Galetovic, concluimos que el mecanismo de solución de controversias que contempla la ley chilena tiene un fuerte sesgo a favor del concesionario, lo cual es malo para el país. Esto subyace a los dos temas que plantea (Bitran). Darle al gobierno la opción de caducar un contrato, previo pago de indemnizaciones establecidas claramente en el contrato original, me parece una buena opción para evitar que el concesionario dilate de manera artificial e injustificada la construcción de una obra. También es importante que las sentencias arbitrales sean públicas y de fácil acceso. Todas las sentencias debieran estar disponibles en Internet. De esta manera, se facilita que la ciudadanía se entere de fallos claramente sesgados a favor de una de las partes y se motiva a los árbitros a ser más cuidadosos.
Uno de los principales problemas con las concesiones de infraestructura, a nivel mundial, ha sido el exceso de renegociaciones, las cuales frecuentemente perjudican a los usuarios y los contribuyentes en general. Un excelente libro, de José Luis Guasch, economista de la Universidad de California y del Banco Mundial, está dedicado exclusivamente a este tema. La evidencia que presenta es contundente. Más de la mitad de las concesiones de infraestructura en América Latina fueron renegociadas antes de transcurridos tres años desde la inauguración de la obra. El problema de las renegociaciones es que cuando éstas son frecuentes, la empresa que gana la concesión puede terminar siendo la que tiene menos escrúpulos para renegociar, la que se maneja mejor en el turbio mundo del lobby, la que tiene mejores contactos políticos. Y eso es malo para el país porque la gente paga más de lo necesario por los servicios concesionados y porque se termina desprestigiando la participación privada en la provisión de infraestructura. La idea de las concesiones es que gane la empresa más eficiente, la más competente para construir y gestionar el proyecto. Con renegociaciones recurrentes pueden terminar ganando los apitutados en lugar de los mejores.
Finalmente, opinando sobre si un cambio legal puede alterar la percepción de falta de legitimidad del sistema, afirma
Las encuestas de Latinobarómetro lo indican claramente. La participación de la ciudadanía sobre la provisión privada de infraestructura se encuentra cada día más desprestigiada en América Latina, incluyendo Chile. Una manera de revertir esta tendencia es haciéndose cargo de la percepción que existe en la ciudadanía, según la cual cuando hay utilidades se las lleva la empresa; mientras que cuando hay pérdidas, pagamos los usuarios. La manera de revertir esta percepción es evitando al máximo las renegociaciones.
La falta de legitimidad (que puede ser consecuencia de una falta de participación) puede producir situaciones como la "Guerra del Agua" de Bolivia (Cochabamba), o en menor medida, evitar la privatización de las empresas -pienso en las sanitarias chilenas- optando por "segundo mejores" (concesión del derecho de explotación vs. privatización). La mayor participación de la ciudadanía, para los inversionistas, debiera ser una fuente de tranquilidad y certeza en su inversión: existe una menor posibilidad de rebelión, mayor compromiso con el servicio. Esa alianza público-privada, no sólo entre el Estado y la empresa, sino que incluyendo también a los usuarios, aumenta la legitimidad del sistema de concesiones ante la ciudadanía y ante la inversión privada. Así, disminuye el riesgo de la inversión, lo que traerá menores tarifas a los usuarios.
