... y un día, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley 2224, que creó la Comisión Nacional de Energía, eje rector en materia de formulación de políticas y nuevas regulaciones en materia energía en el país.
A 30 años, y después de tanta crisis, se propuso un proyecto de ley que crea el Ministerio de Energía, que comentamos brevemente acá.
El diagnóstico del Ejecutivo se centra en (1) una deficiente asignación de responsabilidades institucionales; (2) falta de una autoridad clara en la materia de energía; (3) incoherencia entre responsabilidades y atribuciones; (4) la excepcionalidad en el concierto de la Administración Pública Chilena de la CNE; (5) que los servicios públicos sectoriales no se encuentran bajo la supervigilancia del organismo rector en materia de Energía; (6) problemas del modelo de organización de la CNE; (7) inexistencia de mecanismos formales de coordinación entre la política medioambiental y la política energética; y (8) incapacidad de acción en el ámbito de la energía en regiones.
Podríamos decir: tras 30 años, hemos fracasado. La institucionalidad no dio abasto. Pero no es así. Puede ser que, por la excepcionalidad de la CNE, tengamos hoy luz e inversionistas privados que optan por venir a Chile. Ciertamente, el modelo institucional es perfectible.
La propuesta es sencilla: se crea un Ministerio, una subsecretaría formuladora (de "políticas" y normas), la CNE es la reguladora (calculando precios); y la SEC fiscaliza. Agregue la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Reúnalos. Elimine dependencias del Ministerio de Minería y/o Economía. Importante: no empeore remuneraciones. ¿mantendrá las buenas remuneraciones para el futuro?
Claro, la reforma no es integral. Se conserva el panel de expertos tal como está, decisor, (perfectible, dado el bajo número de controversias, insuficiente accountability, etc.), y no se toca a ENAP.
Para Libertad y Desarrollo, el proyecto de ley se puede mejorar: "En definitiva, la creación de un Ministerio -con todo lo que ello representa implica aumentar el tamaño del Estado, sin ninguna certeza de que se van a lograr los objetivos con mayor eficiencia que reforzando la institucionalidad actual."
Por otra parte, ¿es clara la distinción políticas-regulación? Ciertamente, sí, si lo que se hace es fijar precios. Pero, un experto sabe que no. Que el decreto tarifario muchas veces contiene una política pública (digamos: cuándo comienza a medirse las horas punta). Que la decisión técnica del decisor puede cambiar la política tarifaria. O implicar una demanda por expropiación regulatoria. Así, Ashley Brown, prefiere separar en macropolítica y micropolítica.
Como sea, dado que se cumplieron 30 años, a mis amigos de la CNE: ¡felicidades!
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