Epicentro de la congestión

En Santiago, tembló. En el norte de Chile (Antofagasta, Calama, Iquique), terremoto. Mal. Pésimo.

Y en época de calamidades, como comentamos para el terremoto de Perú, la demanda por llamar a los amigos, familiares, conocidos y "facebook friends" es máxima.

Nada que hacer.

Sufrir la congestión de la red en estas épocas escasas -en las cuales, además, colapsa o se destruye parte de la red.

O bien, seguir el consejo del regulador: "Si cesa la alta demanda simultánea debieran descongestionarse las centrales, permitiendo comunicaciones normales".

Vale decir, "llame menos, hable cortito".

Perú: terremoto y calidad de servicio

Desde el Perú, nos llega esta colaboración, que trata sobre el nivel de responsabilidad de las empresas bajo una situación de terremoto, como el que el 15 de agosto de este año sufrió Lima, y las localidades de Pisco y Chincha (entre otras):

Luego de los problemas de comunicación telefónica que se dieron luego del terremoto del 15 de agosto frente a la costa de Chincha, al sur de Lima, ha habido serios cuestionamientos sobre el servicio que brindan la operadora de telefonía fija, Telefónica del Perú, y los principales operadores de telefonía móvil, Movistar (del grupo Telefónica) y Claro. La preocupación de diversos medios de comunicación y de varios políticos, incluyendo al presidente Alan García, que mencionó el asunto en su primer mensaje luego del sismo, ha sido una nueva muestra de cómo las empresas privadas de servicios públicos enfrentan un trato particularmente agresivo por parte del gobierno, los reguladores y los usuarios.

Según informa el semanario Somos, publicado por el diario El Comercio, tanto el volumen de llamadas de telefonía fija como el de las de telefonía móvil se quintuplicaron en las horas siguientes al desastre. Esto provocó el lógico colapso de un sistema tendido sobre un determinado tráfico esperado, el cual es cinco veces inferior al presentado durante la emergencia. No se ha reparado en que incrementar la inversión en infraestructura para atender picos de demanda inusuales implicaría aumentar las tarifas en un monto correlativo, o por lo menos reducir la aplicación del factor de productividad según fuere necesario. Sin embargo, el público demanda una mayor atención y menores tarifas; como si los servicios de telecomunicaciones estuvieran subsidiados o deban gestionarse a pérdida.

Es de suyo ineficiente establecer una costosa red que quintuplique la demanda promedio, si sólo va a ser de utilidad durante la Navidad, el Año Nuevo y algún eventual desastre. Debe tomarse en cuenta que, con excepción de las festividades mencionadas, es la primera vez que se da una suspensión del servicio por congestión desde la privatización de los servicios de telecomunicaciones.

El establecimiento de una red de emergencia, que opere en bandas específicamente asignadas para ello, es una tarea distinta a las exigidas por el marco legal, sea este en el ámbito regulatorio o según lo contenido en los respectivos contratos de concesión. Si es el Estado el que monopoliza el acceso a las frecuencias del espectro electromagnético, limita la provisión de tales servicios por parte de los privados.[1] El estricto corsé regulatorio que se da sobre las telecomunicaciones, por ser consideradas un servicio público, hace que la delimitación específica y detallada de las obligaciones de los proveedores deban estar fijadas con anterioridad, y que sea completamente desmedido exigir de estos un servicio mayor al necesario para cumplir con la normatividad y generar las ganancias suficientes para hacer rentable la inversión.

La regulación de servicios públicos debe ofrecer un equilibrio entre las necesidades de los consumidores y las de las empresas proveedoras. Una baja rentabilidad para los proveedores, sobre todo cuando los mercados son hoy tan competitivos, aleja inversiones de mejor calidad. Es por ello que debe analizarse los defectos en el aparato regulatorio, como señala el comentario diario del Instituto Peruano de Economía (IPE) del 17 de agosto pasado.[2]

Lo único patente es que mientras el gobierno y los consumidores acusan a las operadoras de telecomunicaciones por su “negligencia” y la “falta de inversión en infraestructura”, y al operador de la autopista hacia la zona afectada, el gobierno no ha sido capaz de canalizar de forma adecuada la ayuda hacia la región, ni ha podido responder con coordinación, premura y eficiencia a las demandas que le compete atender. La demanda por calidad en los servicios brindados debe ser exigible tanto a los privados como al gobierno. Sin embargo siempre es fácil tirar la primera piedra.

[1] Véase el importante trabajo de Ronald Coase, “The Federal Communications Commission”, de 1959.
[2] http://www.ipe.org.pe/detalles_tipo.jsp?pIdPublicacion=1325&pIdTipoPublicacion=1

Regulando la calidad de un bien

¿Cómo tenemos certeza de que un bien que adquirimos es de la calidad que esperamos?

Muchas veces la calidad del bien que adquirimos es una “mera expectativa” , o bien, lo podemos saber largo tiempo después de haberlos comenzado a consumir.

Pensemos en la educación, como un bien que implica ingresar a un “camino” por varios años. Entonces, ocurre que muchas veces tomamos decisiones con poca o mala información. Y en algunos casos, esas decisiones pueden ser erradas, o muy costosas. Es lo que se ha denominado “asimetrías de información”:

El principal problema que enfrentan los consumidores es aquel de la `calidad oculta': los productores y vendedores típicamente saben más sobre los productos que los compradores el concepto económico correspondiente es aquel de “asimetrías de información'”, por lo que frecuentemente los últimos reciben productos de calidad inferior a la esperada.

Casos extremos de problemas de calidad oculta son una cocina cuyo quemador se derrite a la semana de uso, una escalera de la cual se cae el usuario debido a un diseño defectuoso, un médico que opera la cadera equivocada de un paciente y un contratista que se demora mucho más de lo convenido.[1]

Para el caso de los llamados “bienes de confianza”, puede que sepamos la calidad ocasionalmente, o sólo en caso de catástrofes (la calidad de una vivienda frente a un terremoto o una inundación). Otro ejemplo: la educación universitaria.

Agrega Eduardo Engel,

El test de mercado no bastará para asegurar niveles de calidad y seguridad adecuados en la provisión de bienes de confianza, pues el mayor costo que enfrenta el productor de un bien de calidad dudosa es la quiebra y esta puede no ser castigo suficiente para impedir prácticas comerciales engañosas.[2]

Una solución o remedio a este problema puede ser certificar la calidad, o bien, establecer mecanismos de acreditación, públicos o privados.

En materia educacional, está (casi) aprobado el proyecto de ley que establece un mecanismo de acreditación.[3] Este mecanismo buscaba, principalmente, certificar la calidad.

Una solución privada al problema (mercado) sería una acreditación voluntaria ante entes certificadores. Esto es, espontáneamente debieran aparecer “certificadores” que nos permitan comparar la calidad de las carreras y universidades. Y así, habrá mejores y peores acreditadotes. El acreditador tiene su prestigio y evita ser corrompido. Pensemos, por ejemplo, en las publicaciones sobre la calidad de las universidades que hacen medios chilenos o extranjeros (The Guardian).

Una solución pública podría ser un ente único de certificación de calidad: una administración independiente, de carácter monopólico. Así, es válido argumentar que si una universidad recibe fondos públicos, la calidad que entrega como producto debiera ser de cierto nivel mínimo, haciéndose uso eficiente de los recursos más escasos. Por ejemplo, ¿asignando los fondos donde la calidad es mejor (mínima)?

La información que se requiere es aquella que permita elegir correctamente, es decir, que verifique si las características que dice tener la institución de educación superior – infraestructura, tipo y número de docentes, programas de estudio, logros de sus egresados en las distintas áreas, entre otras- son verdaderas o no.[4]

Otras preguntas que aparecen, son: ¿debe ser obligatoria la acreditación?, ¿qué ocurre si no me acredito?, ¿pierdo la autorización?

La certificación también puede usarse respecto a ciertos trabajadores especializados (instaladores eléctricos o de gas). Pensemos, también, en los médicos, abogados, y otras profesiones dónde un error cuesta caro.

La propuesta de ley evidenciaba el nuevo rol regulador del estado:

El Estado no puede dejar de lado el rol que le corresponde con relación a la regulación de la calidad de la educación superior y la garantía de la fe pública depositada en las instituciones que la ofrecen. Pero el concepto moderno de regulación no es sólo supervisión y control, sino que incluye, como un componente esencial, estrategias destinadas a mejorar y promover la calidad.

Entonces, se propuso crear un regulador de la calidad... y se aprobó la ley.

[1] Eduardo Engel “Protección de los Consumidores en Chile: ¿Por qué tan poco y tan tarde?”, Centro de Economía Aplicada, Serie Economía, N°35, Julio de 1998. Disponible en: CEA DII Uchile

[2] Engel, Idem.
[3] Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se Inicia un Proyecto de Ley que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Disponible en: http://alegislativo.bcn.cl/alegislativo/site/pry/fset1_3224-04.html
[4] Instituto Libertad y Desarrollo “Monopolio en Acreditación de Educación Superior”. http://www.lyd.com/biblioteca/pdf/645monopolio.pdf